Buenas tardes

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria que celebramos cada año es -debe ser- una oportunidad que se nos brinda a todos para construir más y mejor Canarias. Una oportunidad diferente. Pero una oportunidad que también tienen cada día todos los ciudadanos: Los que acuden a su trabajo. Los que se preparan para tenerlo. O los que atienden en su hogar o en cualquier colectivo a que la vida de los otros sea mejor, más feliz.

Tal día como hoy hacemos un alto en el camino para analizar, debatir y proponer las bases que nos servirán para seguir avanzando. Es una oportunidad, desde luego, para hacer balance. Y lo haremos, estoy seguro. Pero, también es -debería ser- el momento y el lugar para la discusión de ideas, para el estudio de las necesidades y las prioridades de nuestra tierra y de nuestra gente. Y para llegar a un posible y deseable consenso sobre las soluciones.

Acercándonos ya al meridiano de la legislatura, creo que podemos estar orgullosos del camino recorrido. Orgullosos, que no satisfechos. Porque aún queda mucho por recorrer. Probablemente, a lo largo de este año se han cometido errores. Como estoy seguro de que se han producido también a lo largo y ancho de nuestra travesía democrática. Y sé que es deber de la oposición señalar los aspectos de nuestra gestión sobre los que discrepan abiertamente. Créanme si les aseguro que estamos dispuestos a asumir la parte alícuota de responsabilidad en aquello que se ha dejado de hacer. Pero, de la misma forma, tampoco tengo la menor duda de que estamos mejor que hace un año.

Este Gobierno actúa sin prisa, pero sin pausa. Con actitud tranquila, perseverante, dialogante, abierta y plural, pero tenaz. Nos importa más el resultado que la apariencia. Nos importa más que los 16 planes y programas sectoriales del Gobierno, sus más de un 1.500 proyectos puestos en marcha en las siete islas con exquisito equilibrio, avancen de forma cohesionada y eficaz, que el hacer dos o tres proyectos estrella cada año.

Este Gobierno ni para, ni anda entretenido en crisis, ni se distrae en dimes y diretes, ni deja de tomar decisiones día a día. Ni tampoco se salta a la torera, arbitraria o caprichosamente, las múltiples leyes con las que nos hemos dotado para imponer una línea, un puerto o una carretera. (Reconozco que la normalidad política es aburrida, a veces tediosa, pero ni me siento un actor de teatro, ni me gusta desayunarme con un sobresalto).

Señor presidente,
Señoras y señores diputados

No es mi intención ni es posible, en principio, exponerles en un prolijo listado hasta la última de las acciones realizadas por todos y cada uno de los departamentos de este Gobierno a lo largo del pasado año. (Aunque lo haré encantado y en detalle, si así ustedes lo consideran necesario). Sin embargo, no quiero eludir el repaso de los hitos más importantes del pasado año. Un repaso que se desarrollará en torno a siete grandes ejes, sobre los cuales vamos a seguir trabajando en lo que queda de legislatura.

Hemos apostado, en primer lugar, por el bienestar de nuestros ciudadanos. Uno de los ejes sobre los que trabajamos y seguiremos trabajando hace referencia a la mejora de la atención sanitaria y de las prestaciones sociales en todo el Archipiélago. Por eso, hemos puesto en marcha todos los centros que conformarán la nueva red hospitalaria de Canarias en las siete islas. Es el primer año en el que podemos decir esto. El primer año en que todos los centros están lanzados.

Para ello ha sido preciso que, en 2004, hayamos invertido 70 millones de euros en infraestructuras sanitarias con recursos propios; a pesar de la penuria de la financiación sanitaria que todas sus señorías y todas las comunidades conocen. Además, hemos elaborado y remitido al Parlamento el II Plan de Salud de Canarias y hemos reducido las listas de espera de más de seis meses en un 23 por ciento.

Nuestro esfuerzo sanitario ha sido, es y seguirá siendo enorme. Para conseguir un cuadro asistencial que se resume en más de diez millones de consultas al año (más de cinco por habitante), 117.000 ingresos hospitalarios, casi 2.000 asistencias de urgencias al día y 230 intervenciones quirúrgicas diarias. Todo ello gracias a la entrega del equipo humano sistema de salud canario, que hemos reforzado el año pasado con 854 profesionales más. ¿Qué empresa pública o privada en Canarias ha incrementado su potencial humano en semejante medida? De otra forma, nunca podríamos seguir garantizando una prestación universal al más alto nivel tecnológico.

En el ámbito social, vamos a aprobar antes del verano una Ley, pionera en el Estado, del Derecho a la Prestación Canaria de Inserción (conocida como de rentas mínimas) que incrementa de seis a catorce pagas las ayudas que la Comunidad Autónoma de Canarias da a las personas en situación de riesgo de marginación, pobreza o exclusión social.

Queremos, en segundo lugar, garantizar la seguridad de los canarios, por lo que además de la lucha contra la delincuencia, nos preocupa especialmente la violencia contra las mujeres. En este sentido, trabajaremos buscando el acuerdo con el Estado, pero con un objetivo claro: este Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley de Policía Autonómica antes de final de año y lo enviará al Parlamento para su tramitación.

La educación y la cultura son pilares básicos de cualquier sociedad desarrollada y otras de las grandes preocupaciones de este gobierno. De ahí que hayamos incrementado con más ochenta millones de euros el presupuesto destinado a este departamento. Impulsamos una Ley de compensación de las desigualdades, porque queremos una educación de calidad que llegue a todos en condiciones de equidad.

En cuarto lugar, hemos implementado acciones encaminadas a seguir modernizando las dotaciones de nuestro Archipiélago, proporcionando mejores infraestructuras, más tecnología y mejores transportes que favorezcan la movilidad interinsular. Todo ello, dentro de unos principios de desarrollo sostenible. En este sentido, hemos elaborado y presentaremos en abril el Eje que unirá las siete islas entre sí, en un amplio programa que comprende acciones en carreteras, puertos, aeropuertos y comunicaciones. Y hemos adoptado medidas como incrementar en un 40% la partida destinada a la compensación del coste del transporte de mercancías entre islas. Además, hemos creado y puesto en marcha el Instituto Canario de Vivienda y seguimos desarrollando el marco normativo que controle nuestro crecimiento y nuestros recursos naturales a través de las directrices de ordenación.

En quinto lugar, este gobierno ha emprendido una serie de políticas que pretenden no sólo reactivar nuestra economía, sino incidir en la formación de nuestros trabajadores y en la incentivación de la inversión, tanto dentro como fuera de las fronteras de nuestro territorio. Hemos pasado de una tasa de paro -según los datos de la EPA- en 2003 del 12,10% al 10,51% en 2004, muy cerca de la media del Estado. Y las tasas de empleo y paro femenino son mejores que la media estatal. Se han puesto marcha planes para la inserción laboral de desempleados -los PROMETEO- adaptados a las singularidades de cada una de las islas, (destinando a ello más de 32 millones euros). Y hemos iniciado, por primera vez en Canarias, planes destinados a la formación continua.

Hablaré, en sexto lugar, del turismo, como principal fuente de riqueza de este Archipiélago. Nuestro objetivo es la consolidación de una actividad turística sostenible y competitiva. Y para ello, en un escenario cada vez con mayor competencia, estamos impulsando la promoción exterior de Canarias con las siete islas; y estamos mejorando la formación y las infraestructuras, apostando por la renovación de la planta alojativa obsoleta, la rehabilitación de los enclaves turísticos más antiguos. (En este sentido, hemos suscrito convenios con los cabildos -por un importe superior a los 252 millones de euros-, destinados a mejorar las infraestructuras turísticas del Archipiélago).

Por último, seguiremos trabajando como hasta ahora en profundizar en nuestro autogobierno, en el desarrollo de nuestro Estatuto y en el marco de las relaciones con el Estado y la Unión Europea . ¿Nuevo Estatuto para qué? No ya sólo para ser más dueños o protagonistas de las decisiones que nos afectan a todos los canarios. Nuevo Estatuto, sobre todo, para que esas decisiones se adapten mejor a las necesidades de un archipiélago lejano, ultraperiférico; y no sean copias o remedos de mal implante de las aplicadas en comunidades continentales.

Señorías,

Estamos convencidos de que gobernar Canarias no consiste exclusivamente en administrar el legado que recibimos, o en la mecánica aplicación de las normas. Un gobierno tiene no sólo el compromiso de la gestión diaria, de asegurar que el engranaje de los servicios públicos funcione correctamente y de que los canarios encuentren respuesta a sus necesidades ciudadanas. Sino que además, un Gobierno tiene el deber de mirar más allá para prever nuevas coyunturas y nuevas circunstancias. Planificar el desarrollo y garantizar, también, el futuro.

Canarias debe resituarse en un mundo que es, cada día, más global. Un mundo en el que se han renovado los esquemas y en donde las interdependencias e influencias entre distintas zonas del planeta se han hecho cada vez más evidentes. Un mundo en donde las coyunturas internacionales tienen repercusiones en nuestro turismo, en nuestra agricultura, en nuestra economía, en nuestra cultura.

Y lo hemos hecho. A pesar de que esa tarea de análisis y planificación ha sido criticada hasta la burla, damos por bien empleado el tiempo dedicado a estudiar y a diseñar las estrategias de nuestro desarrollo. Como damos por bien empleado el tiempo y el esfuerzo destinado a promover el consenso entre los partidos políticos, entre los cabildos, los ayuntamientos y los distintos agentes sociales -buscando el siempre difícil equilibrio insular- en aquellos asuntos de especial importancia para Canarias.

Establecimos lo que serán las bases del armazón de nuestro futuro: el respeto a la diversidad propia de cada isla, el espacio único, la tricontinentalidad y la ultraperiferia. Y formulamos los proyectos estratégicos necesarios para lograrlos: acciones como el Eje Transinsular, la internacionalización de nuestra economía, el Estatuto de Autonomía, etcétera, son elementos concatenados en un común denominador. Y lo hemos hecho sin descuidar lo que es también una prioridad para este Gobierno, el día a día. Los asuntos que a todos, como integrantes de un sistema de convivencia democrático, nos preocupan.

Señor presidente
Señorías

La sanidad es, efectivamente, una de las grandes preocupaciones de este Gobierno.

Porque para atender la demanda sanitaria en un territorio fragmentado como el nuestro, es necesario invertir una enorme cantidad de recursos, recursos que los sucesivos gobiernos de nuestra autonomía se han esforzado en procurar. Ese esfuerzo se refleja en el presupuesto para 2005 de este departamento, casi 1.900 millones de euros, un once por ciento más que en 2004. Sanidad se lleva el mayor porcentaje del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2005, un 37,2%.

Todos sabemos que Canarias -por su condición de islas- tiene, en proporción, más hospitales y centros de salud de los que le correspondería por su territorio o por su población. De hecho, Canarias es la Comunidad Autónoma que más camas hospitalarias tiene por habitante de toda España: la media nacional son 39 camas por cada diez mil habitantes y este Archipiélago cuenta con 50,28 camas. Y, aún así, sigue siendo necesario un mayor esfuerzo para avanzar en el equilibrio del servicio en todas las islas.

Lo estamos haciendo. El pasado año invertimos 70 millones en infraestructuras sanitarias. Y hemos conseguido que esté terminada o en marcha la totalidad de la nueva red hospitalaria de Canarias, adecuada a la población de cada isla.

Estamos iniciando las obras del nuevo hospital de La Gomera; tenemos muy avanzadas ya las del hospital de Lanzarote, de Fuerteventura, el Complejo Materno Insular de Gran Canaria, las obras en La Candelaria y el Universitario de Tenerife que, junto con el Negrín, el de El Hierro y el Hospital de La Palma completarán una red prácticamente nueva de hospitales en todas las islas. Y, en cumplimiento de uno de los acuerdos de esta Cámara, las obras del centro sanitario del Norte de Tenerife están ya adjudicadas, y el del Sur estará licitado y adjudicado este año.

Sin embargo, el esfuerzo que estamos realizando se hace aún más complicado si sumamos al problema de la fragmentación territorial el de la población. En la primera conferencia de presidentes autonómicos, insistí en la necesidad de celebrar una cumbre de presidentes destinada monográficamente a la financiación sanitaria, y que ésta se celebrara antes de junio del 2005 para que sus resultados pudiesen plasmarse en los presupuestos del 2006. Los canarios iremos a esa reunión con casi doscientos cincuenta mil argumentos (242.851 en 2004), tantos como la diferencia existente entre los cómputos poblacionales del Estado y de Canarias a la hora de calcular la financiación sanitaria.

Señorías

Hemos remitido al parlamento el II Plan de Salud de Canarias 2004-2008. Un instrumento de política sanitaria que se concentra en los problemas de salud de mayor impacto sobre la sociedad en estos momentos. En especial, en seis líneas que representan el 40 por ciento de las muertes en Canarias: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la salud mental, el envejecimiento y los accidentes de trabajo. (Con su puesta en marcha reduciremos las desigualdades aún existentes en los niveles de salud en nuestra Comunidad autónoma, abordando los posibles desequilibrios entre islas).

Como dije al principio, la actividad asistencial de la Atención Primaria se ha incrementado de forma considerable durante 2004. Ejemplo de ello es la apuesta realizada en actividades de promoción y prevención de la salud, como el Programa del Niño Sano, que incluye ya a más de 200.000 niños; la atención a mayores, que incluye a más de 75.000 personas mayores en el Programa de Atención a Mayores de los centros de salud, o la implantación del programa de cardiovasculares

No quiero eludir uno de los grandes problemas de los sistemas sanitarios públicos, las listas de espera. En Canarias, a 31 de octubre de 2004, existían más de 25.000 personas esperando por una intervención quirúrgica. Sin embargo, hay que señalar que el número de los que esperan más de 6 meses por una intervención se ha reducido un 23% respecto a 2003.

Señorías,

Queremos prestar la máxima atención y la máxima ayuda a aquellos que necesitan de nosotros para salir adelante. Y para ello, estamos haciendo un esfuerzo no sólo en el terreno de la salud y la sanidad, sino en el más amplio de los servicios sociales.

Dentro de las políticas sociales que hemos emprendido con las familias y colectivos que no se encuentran en los mismos niveles de bienestar que la media canaria, me gustaría resaltar varios indicadores:

Está en funcionamiento un plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, cuyo fin es financiar la ejecución de estas prestaciones que llevan a cabo los ayuntamientos. (La aportación de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de dicho plan es de más de siete millones de euros para el año 2005).

En lo que se refiere al Plan de Integración de Minusválidos, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo y, en Canarias, hemos elaborado el Plan de Discapacitados, dotado con más de 152 millones de euros y que costeará el servicio de 5.400 plazas en todas las islas, de las que 1.400 serán de nueva construcción. Con este plan se pretende dar cobertura asistencial a discapacitados motores, psíquicos y de salud mental. La firma de los convenios con los cabildos está prevista para este mes de abril.

Con el Plan Sociosanitario de Mayores, hemos conseguido en un año la puesta en marcha de 300 plazas residenciales y 72 plazas de atención diurna. Todo ello en colaboración con los cabildos insulares. Pero, además, dentro del Plan de Acción para las Personas Mayores, hemos suscrito un convenio con el Ministerio dotado con más de dos millones seiscientos mil euros.

En los próximos días remitiremos al Foro Canario de la Inmigración la actualización del II Plan Canario de Inmigración, documento básico de la política social del Gobierno en esta materia, en su vertiente asistencial y humanitaria. Y hemos firmado varios convenios para el desarrollo de acciones conjuntas con el Gobierno central en materia de atención a inmigrantes.

Hay que señalar también que en el curso 2003-2004 había matriculados casi 22.000 alumnos extranjeros en los centros de Canarias, un 23% más que en el curso anterior. Para mejorar su integración se han puesto en marcha nuevos programas, hasta destinar a este fin casi dos millones de euros en este curso, además del coste que supone su escolarización, que asciende a 4.000 euros por alumno y año.

Por otro lado, nos preocupa que la llegada masiva inmigrantes irregulares -con falta de recursos, por definición-, pueda llegar a provocar un engrosamiento de las bolsas de pobreza de nuestras ciudades, con los problemas de mendicidad, prostitución o delincuencia que pueden generarse. Sin contar con una segunda vertiente del problema. Porque la afluencia descontrolada de inmigrantes irregulares genera, especialmente en nuestro territorio (frágil, escaso, fragmentado, no hace falta que lo recuerde), una sobrecarga y un impacto económico y social de enorme magnitud. Y amenaza con provocar un colapso en los servicios que damos a nuestros ciudadanos y que estamos obligados también a prestar a todo el que llega a nuestras costas o a nuestros aeropuertos.

No quiero que se confunda lo que ha de ser nuestra actitud responsable ante el fenómeno con una actitud xenofoba, uno de nuestros peligros a medio plazo. Todo lo contrario.

Controlar firmemente a veces, encauzar o derivar otras, y aplicar siempre el sentido común y el humanitario ante la ola de inmigración clandestina -imparable en todo el mundo-, es lo que evitará en el presente y en el futuro las tensiones sociales, de las que siempre salen más perjudicados los más desvalidos. En unos casos, los inmigrantes clandestinos serán explotados y objeto de abuso de los más desaprensivos. En otras ocasiones, serán nuestros recursos humanos con menos formación o capacidad (frecuentemente jóvenes) los que se someterán a una competencia desleal por parte de empleadores también clandestinos, que no sólo evaden la carga fiscal que sobrellevamos todos, sino que constituyen una amenaza para los pensionistas de hoy y para los jubilados del futuro. Estamos ante un fenómeno muy complejo en el que no valen ni las simplificaciones ni las inhibiciones.

Canarias ha dicho claramente que quiere compartir las responsabilidades en un asunto tan delicado como es el control de la inmigración irregular, pero el Estado se ha negado a ello reiteradamente. Nuestra responsabilidad como Comunidad Autónoma está limitada, pues, a ofrecer al inmigrante irregular la atención sanitaria y humanitaria a la que tiene derecho, ofreciendo la máxima colaboración para que esa atención se produzca siguiendo los principios básicos de solidaridad entre islas y cooperación entre administraciones. En diciembre de 2004 acordamos en Fuerteventura la elaboración conjunta entre el Estado y la Comunidad Autónoma de un plan específico de inmigración para Canarias. Nuestras propuestas -más de 60 medidas- fueron ya remitidas al Ministerio de Trabajo y estamos esperando su contestación. (El esfuerzo económico anual realizado por el Gobierno de Canarias asciende a más de15 millones de euros sólo para este plan, sin contar los costes de los servicios públicos que prestamos).

Es importante destacar, no obstante, que las visitas y las gestiones que hemos realizado ante el reino de Marruecos para mejorar la cooperación y avanzar en la lucha contra la inmigración clandestina se han traducido en un incremento de las dotaciones policiales que Marruecos destina a este fin. Y, como consecuencia directa, se ha ralentizado lo que hasta el momento ha sido una tendencia creciente en la llegada de pateras a nuestras costas.

En cualquier caso, estamos muy preocupados con la evolución que está siguiendo la inmigración irregular en Canarias, y creemos que deben estarlo también el Estado español y la Unión Europea. Porque la inmigración es un proceso dinámico y en aumento; y las medidas que se arbitren deben ser capaces igualmente de adaptarse progresivamente a las necesidades y dificultades que se vayan presentando en el futuro. Las soluciones no pueden ser sólo policiales, ni únicamente de integración social. Tienen que abarcar un abanico más amplio: que vayan desde una mayor implicación de la Unión Europea -ya lo hemos solicitado al comisario Frattini-, a la mejora del control de nuestras aguas territoriales y de nuestras fronteras canarias, pasando por la lucha más dura contra las mafias organizadas que trafican con seres humanos y con su desesperación. Y debe contar, además, con la ayuda de los países fronterizos y con información en origen sobre el destino final que espera al inmigrante que sueña falsamente con "El Dorado" occidental.

En este sentido, creemos que Canarias -y así lo hemos hecho saber- debe tener más participación en la cooperación europea con los países emisores de su entorno y convertirse en punto de encuentro de las políticas que Estados Unidos y Europa emprendan con los países africanos. En inmigración, pero también en otros muchos campos, de los que les hablaré más adelante.

Al mismo tiempo, hemos ido incrementando las ayudas que prestamos a los canarios que viven fuera del Archipiélago (en casi un 83% con respecto al año 2002). En Venezuela, además, contamos con un Plan de Salud para atender las intervenciones quirúrgicas de los canarios mayores de 65 años. (El pasado año se beneficiaron más de mil personas de este plan). Para el año 2005 hemos aumentado el presupuesto e incluido el suministro de medicinas para combatir varias enfermedades.

Hemos construido dos casas de acogida y se ha elaborado un plan de atención sociosanitaria en Venezuela, cuyo objetivo es la creación de tres centros de día más, la financiación del funcionamiento de 29 consultorios médicos en Entidades Canarias y cubrir las necesidades de medicamentos de los canarios residentes en Venezuela más necesitados.

Señorías,

Los ciudadanos de Canarias esperan que sus gobernantes garanticen su derecho a vivir en paz. Y vivir en paz significa no sólo poder salir a la calle sin temor a ser víctima de un acto delictivo, sino, también, contar con una administración de justicia eficiente y eficaz y con una policía que vele por nuestra seguridad. Que toda mujer agredida tenga la garantía de obtener la ayuda inmediata y necesaria para que el bruto no pueda repetir la barbarie. Que las mafias que pretenden establecer redes de delincuencia o prostitución con inmigrantes, aprovechándose de su situación, se encuentren de frente con nuestro sistema policial y judicial.

Es una labor cada vez más complicada, porque cada vez somos más. Así que se hace necesario destinar cada vez más recursos e implicarnos todos: Gobierno Central, pero también la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos. Tenemos la obligación de promover las acciones que conduzcan a conseguir que los ciudadanos de Canarias ejerzan plenamente su derecho a la tranquilidad.

En lo que llevamos de legislatura, el Gobierno de Canarias ha avanzado en su objetivo de promover una mejora de los servicios que recibe el ciudadano. Por ejemplo, Canarias es la Comunidad que más está creciendo en infraestructuras judiciales. En 2004 comenzaron a funcionar cinco nuevos órganos judiciales, y está previsto que en 2005 se creen 19 unidades judiciales más. (El presupuesto actual en materia de Justicia asciende a 120 millones de euros, cifra que triplica el de 1999. Y entre otros nuevos servicios, se ha implantado el Registro de Parejas de Hecho.

Creemos que sigue siendo insuficiente la dotación de efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, extremo en el que ha coincidido también este Parlamento. Y seguimos echando en falta una mayor cooperación por parte de la Administración central. No obstante, se ha conseguido, al menos, un aumento en la cobertura de las plazas vacantes y el compromiso de alcanzar progresivamente la adecuación entre dotación policial y población canaria. Además, hemos incrementado en más de un 35% el presupuesto del área de seguridad en el CECOES-112, y en un 20% los recursos terrestres del Servicio de Urgencias Canario.

Este Parlamento, en abril pasado, instó al Gobierno de Canarias a la creación de una Policía Autonómica complementaria a los restantes cuerpos de seguridad y con las máximas competencias. Esperamos contar con el acuerdo del Estado, pero, en cualquier caso, antes de final de año aprobaremos y remitiremos al Parlamento el anteproyecto de Ley de creación de la Policía Autonómica. El nuevo Cuerpo policial nacerá con la vocación de colaborar de la forma más estrecha con las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado y con las policías locales.

Estamos empeñados en luchar contra la violencia de género, una de las mayores vergüenzas de cualquier sociedad que se tenga por civilizada. Hay que señalar que el grado de concienciación con respecto a este problema en Canarias es alto -en parte debido a las campañas desarrolladas por las instituciones- y somos unas de las comunidades en donde más denuncias se producen. Pero aún no es suficiente. Y, por primera vez en Canarias, se ha puesto en marcha un paquete de medidas integrales para combatir esta lacra, como los puntos de coordinación, el registro informático de todos los datos procesales y la creación de un turno especial de abogados de oficio especializados en la materia. Y ha comenzado a funcionar un sistema de remisión electrónica inmediata al 112 de las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales.

Por su parte, con el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, hemos consolidado una red que se inicia con el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en el 112 y el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (que aumentó su demanda un 36% durante 2004). Esta red se completa con los servicios de acogida que cada cabildo ha puesto en marcha por medio de convenios con el Instituto Canario de la Mujer, y con el servicio de asistencia gratuita en casos de violencia de género. Además, se sigue ejerciendo la acción popular en los procedimientos judiciales por muerte de mujeres.

Este año se regularán los servicios y centros que integran el sistema para la atención y protección de las mujeres y del Fondo Canario de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Y seguimos trabajando en la prevención y localización de situaciones de violencia de género a través de cursos y protocolos de detección impartidos a profesionales de la sanidad y de Educación.

Este Gobierno seguirá trabajando en los próximos dos años en el desarrollo del III Plan Canario de Igualdad, un ambicioso documento que exige un esfuerzo transversal en todos los departamentos.

Señorías,
Me gustaría, si me lo permiten, seguir hablándoles de la educación en Canarias, otro asunto importantísimo al que destinamos casi el treinta por ciento del presupuesto. Buena prueba de esa importancia es el esfuerzo realizado para el 2005, en el que los fondos para educación superan los 1.500 millones de euros. Y un hecho relevante es que el gasto educativo, que tradicionalmente ha estado centrado en el componente de personal, está reorientándose hacia políticas específicas de calidad y equidad.

La gestión en el ámbito de la educación no universitaria ha permitido activar distintas medidas contenidas en el Pacto Social por la Educación. (Y ello, desde la consideración del alumno como eje de la educación, desde el compromiso con los agentes económicos y sociales y la colaboración de ayuntamientos y cabildos, y desde la responsabilidad y el respeto en la relación con las organizaciones sindicales).

En el curso 2003-2004 hemos puesto en marcha la enseñanza del inglés en la Educación Infantil desde los 4 años, y 31 centros lo hacen también a los niños de 3 años. Además, 437 centros del tercer ciclo de primaria imparten una segunda lengua. Estamos apostando decididamente por los idiomas, porque queremos que nuestra población futura sea bilingüe.

La política presupuestaria de estabilidad nos ha permitido afrontar el coste total del transporte escolar, que cuenta ya con más de 1.200 rutas. (Y este curso hemos incorporado 210 acompañantes más en las guaguas escolares). Además, siete nuevos comedores escolares están en funcionamiento desde el primer día de curso y doce más lo harán el próximo septiembre.

La parálisis de la reforma educativa del Estado no nos ha impedido trabajar en nuestra propia reforma. Hemos elaborado un Diagnóstico de la realidad de la educación no universitaria en Canarias (como herramienta fundamental para orientar las propuestas y medidas de mejora). De este diagnóstico se desprende que Canarias ha superado el atraso histórico que padecía, aunque sigue manteniendo indicadores insatisfactorios de éxito escolar. Nuestro compromiso -incluido en el pacto de gobierno CC-PP-, de impulsar una ley de compensación de las desigualdades, que se llamará Ley de la Educación en Canarias, se plasmará incluyendo todas las medidas que acordó la Cámara mediante Resoluciones. (Promoveremos la calidad desde condiciones de equidad, contribuyendo a la corresponsabilidad en la Educación entre instituciones, centros docentes y familias).

Dado el crecimiento de la población escolar que se produce en las zonas del sur turístico de Gran Canaria y Tenerife, junto al experimentado en Lanzarote y Fuerteventura, elaboramos el Plan Sur, cuyo objetivo es precisamente dar respuesta a esos crecimientos demográficos.

En educación universitaria hemos puesto en marcha la Fundación Canaria de becas como instrumento para la promoción de los estudiantes y la agilización de la gestión. (Y en 2004 también iniciamos el proyecto "Idiomática", un programa de becas para la realización de estancias en el extranjero con el fin de perfeccionar el inglés).

Además, quiero destacar que tras la negociación sindical y su aprobación por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU), entró en vigor el nuevo Protocolo de complementos ligados a la buena docencia, la investigación y la gestión universitaria. Representan el mayor esfuerzo financiero en retribuciones complementarias del profesorado en todo el Estado. Esfuerzo que se concreta en una aportación en 2005 de más de 15 millones de euros.

En lo que respecta al área de cultura, queremos destacar que, por primera vez, Canarias ha conseguido que el Estado reconozca nuestras singularidades en materia cultural. Este reconocimiento supone un avance a la hora de defender nuestra producción cultural, que esperamos que se plasme en medidas concretas que compensen el coste de la lejanía a la hora de realizar actividades culturales en nuestro territorio o de exportar nuestras creaciones artísticas.

En el ámbito cultural, además, estamos trabajando por adaptar las acciones que se emprendan a la nueva realidad social del Archipiélago. Es una apuesta por conservar la tradición y la diversidad que nos caracteriza; pero, además, por el cambio, la innovación y la creatividad cultural de nuestra gente. (Una apuesta que se plasma también en el fomento de la movilidad de las personas y los proyectos artísticos entre las islas, en la promoción del intercambio cultural con el fin de acercarnos unos a otros. La cultura, también, contribuye a crear un espacio único en Canarias.)

Para ello, entre otras medidas, hemos creado la empresa Canarias Cultura en Red que además de aglutinar el Festival de Música de Canarias o la Filmoteca de Canarias, asume como objetivos, en primer lugar, la promoción de la cultura canaria en el exterior, a través del programa Canarias Crea. En segundo lugar, el apoyo a las culturas emergentes, la investigación y la innovación en materia cultural y las nuevas generaciones de creadores. (En tercer lugar, la cooperación con cabildos y ayuntamientos en materia cultural (prueba de ello es la elaboración de un borrador de ley de Patrimonio Cultural o el borrador de Ley Canaria de Bibliotecas basada en la red de cabildos). Y también la promoción de la cooperación con países del entorno geográfico de Canarias a través del programa "Diálogos con Africa, Diálogos con América: la Cultura del Encuentro".

Además, hemos hecho una apuesta por nuestro pasado con el programa Islas con Historia; por la igualdad de oportunidades entre islas y entre géneros; por la movilidad deportiva y por la movilidad cultural. (Y hemos puesto en marcha un programa para la revitalización de los conjuntos históricos de Canarias y el programa Canarias, Arte y Paisaje, que es también una apuesta por la sostenibilidad).

Se están realizando valiosísimas actuaciones en todas las islas para poner a disposición de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes nuestro patrimonio cultural. (Así, entre otras, podríamos destacar en Gran Canaria la próxima inauguración de La Cueva Pintada, en Gáldar; en La Palma podemos adelantar la finalización del Museo Arqueológico de Los Llanos de Aridane; en Tenerife, la Casa del Patio, en Santiago del Teide; en Lanzarote podemos anunciar el comienzo de las obras del Parque Arqueológico de Zonzamas o la finalización de la rehabilitación del Castillo de San Gabriel; en La Gomera, la rehabilitación de La Casa de la Quilla en San Sebastián y de la Iglesia de la Encarnación en Hermigua; en El Hierro, el equipamiento exterior del Centro de Visitantes del Parque Arqueológico El Julán; y, por último, en Fuerteventura, la restauración de la Casa de Los Coroneles).

(Y hemos conseguido que se haya incluido en la Lista Indicativa de España la candidatura del Parque Nacional del Teide como Patrimonio de la Humanidad y la del Silbo Gomero como Obra Maestra Oral e Inmaterial de la Humanidad).

Señor Presidente,
Señorías,
Nuestro pueblo inicia el siglo XXI dejando atrás lastres que arrastramos durante demasiado tiempo. Pero como la memoria es benevolente, quizás muchos ciudadanos no recuerden ya cómo eran estas islas hace diez, quince o veinte años. El progreso nos quedaba tan lejos como el continente europeo al que pertenecemos. No sólo éramos los más pobres y analfabetos del Estado, sino que el desequilibrio entre islas era abismal, padecíamos unos precarios servicios sanitarios, pocas y malas carreteras y prácticamente ninguna industria.

Teníamos un reto claro: conseguir que cada isla conservara su propia personalidad como territorio, pero que ninguna estuviera detrás de otra. Apostamos por crecer desde la diversidad, dotando a cada una de las siete islas de servicios e infraestructuras propias. Y hemos ido, poco a poco, esforzadamente, subiendo peldaños que nos han traído hasta el siglo XXI en condiciones muy distintas a las que sufríamos hace no tanto tiempo.

Hoy, afortunadamente, el objetivo no se centra tanto en la dotación de infraestructuras básicas, como en la consecución de un espacio diverso y al mismo tiempo cohesionado. Un territorio que aproveche sus recursos naturales, respetuoso con el medio ambiente, tecnológicamente competitivo y en el que el ciudadano encuentre respuesta a sus demandas diarias de transportes, vivienda, energía, etcétera.

El reto de acercar las islas para conseguir un único espacio de oportunidades y un mercado de dos millones de clientes, pasa por consolidar una red de transportes que nos conecte más y mejor unos a otros. En este sentido, se ha trabajado y ya se tiene definido el Eje Transinsular de Transportes. Este documento -que se presentará en esta Cámara en el mes de abril-, establece como objetivo la configuración de un eje aglutinante del crecimiento, la accesibilidad y el comercio en Canarias. Engloba y planifica las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, de carreteras, de transportes y de telecomunicaciones necesarias para conformar ese Eje. De tal manera que los mercados insulares queden integrados en un único mercado, en un solo espacio cultural, en un territorio continuo desde el punto de vista social, empresarial, deportivo o de ocio.

(Este Eje Transinsular de Transportes tendrá su base normativa en la Ley Canaria del Transporte Terrestre, la Ley de transporte Marítimo interinsular, la Ley de Carreteras de Canarias y las Directrices de Ordenación de Infraestructuras y Transportes que serán llevadas al Parlamento en lo que queda de legislatura.)

En la primera mitad de esta legislatura, hemos acometido la construcción o mejora de 167 kilómetros de carreteras, con una inversión de 600 millones de euros. Y hemos suscrito convenios de colaboración con los Cabildos insulares para la modernización del transporte terrestre discrecional de pasajeros, mercancías y taxis por importe de más de cinco millones de euros.

Para acercar las islas, hemos incrementado en un 40% la partida destinada a la compensación del transporte de mercancías entre islas, que ascendió en 2004 a 2 millones de euros. Y se han concedido 9,8 millones de euros como bonificación al transporte marítimo de pasajeros. Esta misma mañana, además, el Gobierno de Canarias acordó subir del 15 al 20% la bonificación del transporte marítimo de pasajeros (con lo que la subvención pasa a ser del 35%). No renunciamos, sin embargo, a que esa bonificación sea costeada en su totalidad por el Estado, dentro de las compensaciones al coste de la insularidad a las que tenemos derecho, como recoge nuestra propia Constitución.

En aras también a procurar una mejora en las condiciones de vida y en el entorno cotidiano en el que se desenvuelven los canarios, estamos dando cumplimiento a las previsiones del Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Durante 2004 se inició la construcción de 4.354 viviendas, de las que más de 1.300 se destinaran a personas con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Además, se han concedido ayudas para la adquisición de vivienda usada a precio tasado, lo que ha permitido a 762 familias más acceder a un inmueble.

Se ha creado una línea de ayudas para la adquisición de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas. Con ella se ha conseguido que los promotores privados destinen suelo para la construcción de 1.411 viviendas. Y hemos puesto en marcha el Instituto Canario de la Vivienda, en el que están representadas todas las administraciones con competencia en la materia.

En materia de fomento industrial e innovación tecnológica, hemos prestado asistencia a más de 140 empresas con objetivos de innovación, y se ha puesto en marcha el proyecto Pymes.es, (una aplicación informática para mejorar los sistemas de ventas, gestión, comercialización, almacenamiento, etcétera).
Impulsando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha avanzado más que en el resto del Estado en la implantación de la sociedad de la información en Canarias. Por ejemplo, tenemos unos porcentajes superiores al resto del territorio nacional en número de PC.s (48% frente a un 45%); o en penetración de Internet en los hogares (29.6% frente a 25.2%); y en banda ancha (45% frente a 37%).
Además, se ha iniciado el programa "La Palma Digital" dentro del proyecto "ciudades digitales". En este primer año se han implantado ya 30 telecentros con la finalidad de reducir "la brecha digital" de la isla. (Este programa había sido una promesa y una expectativa durante varios años, y ahora ha comenzado a ser realidad).
En la conclusión de la primera parte del Proyecto de nuevas tecnologías en la Escuela (el Proyecto Medusa), acabamos de adjudicar la segunda fase de dicho proyecto, con un presupuesto de 32 millones de euros, para abarcar principalmente a los centros de primaria. Además, se han invertido más de 23 millones de euros en la dotación de equipamientos de 339 centros de Educación Secundaria. En el programa "educación.es" el número de centros educativos conectados a Internet ha pasado de 399 en julio de 2003 a 816 en el momento actual, (destacando entre ellos la existencia de 111 centros educativos conectados a Internet mediante satélite).

Por otro lado, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico en todas las islas en condiciones de calidad, seguridad y precio (-y minimizando el impacto ambiental, que es un objetivo en el que estamos empeñados-) hemos suscrito un convenio con Unelco-Endesa para garantizar la prestación del servicio eléctrico en Canarias durante los próximos cuatro años. Mediante este convenio, Endesa se compromete a resolver las deficiencias detectadas en generación, transporte y distribución del servicio antes del 2009 y a emplear en ello una inversión de 1077 millones de euros.

El punto hoy más crítico de la red, el tendido eléctrico al Sur de Tenerife, fue objeto de la atención y el mandato de este Parlamento, que instó al Gobierno a resolverlo con agilidad, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. El anterior proyecto desechado costó trece años de estudios y trabajos. En menos de dos años, este Gobierno tiene ya un proyecto técnico que no invade -como prometimos -espacios naturales y que cuenta con la unanimidad de todas las instituciones canarias implicadas. Pero cuya viabilidad ha exigido muchos tipos de ingeniería: industrial, medioambiental, jurídica, social y política. Durante el resto de su tramitación exigirá la modificación de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, afectará a planeamientos municipales y, además, ha de conseguir la compatibilidad con las servidumbres aéreas de Aviación Civil. Y es que si algunos piensan que estamos en los tiempos en que una autoridad se sentaba ante un mapa y trazaba una línea, se equivoca. Y se equivoca por suerte para la ciudadanía y para mayor trabajo de las autoridades implicadas. (Este es un ejemplo claro de la reflexión que les hacía al principio).

Por otro lado, durante el 2004 el Gobierno encargó una inspección y una auditoría completa del estado actual de las redes y centrales, así como de los sistemas de mantenimiento de las redes de transporte y los grupos del operador principal de nuestro Archipiélago. Nunca hasta ahora se había hecho algo así en Canarias. Los resultados han permitido mejorar los procedimientos de operación y mantenimiento que afectan al servicio. Y como consecuencia directa, la calidad del suministro mejoró con respecto al 2003 en un 41% aproximadamente, logrando por primera vez en nuestra historia rebajar las interrupciones hasta la media de España.

Además, para la diversificación, el ahorro energético y la protección del medio ambiente, se han sacado los concursos de potencia eólica de 344 megavatios, con los que Canarias no sólo contribuirá a la reducción de emisiones de CO2, sino que esperamos ahorrar 335 millones de litros de petróleo de consumo al año. (Asimismo, mediante el programa PROCASOL se han concedido ayudas a iniciativas de ahorro energético y fomento de las energías renovables por un importe cercano a los dos millones y medio de euros).

En cualquier caso, el único mecanismo con el que contamos para cumplir los compromisos de Kioto es la introducción de centrales de regasificación, como energía alternativa menos contaminante. Estamos pendientes de la declaración medioambiental que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente y de la concesión administrativa del Ministerio de Industria para poner en marcha dos centrales en Canarias. La entrada de las dos plantas supondrá una reducción de 1,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, de los seis millones que actualmente emiten todas las centrales térmicas de Canarias.

Y es que, ya lo dije, queremos orientar nuestro desarrollo de forma que sea respetuoso con el medio ambiente. Porque sabemos que la sostenibilidad es la única forma posible de crecimiento para Canarias.

Desarrollo sostenible es un concepto que engloba un amplio espectro de medidas tendentes a conseguir el equilibrio entre población, justicia social, economía, respeto ambiental y conservación del patrimonio natural y cultural. Y es un principio que implica a la sociedad en su conjunto: desde lo individual a lo colectivo, desde lo público a lo privado. Porque la sostenibilidad no puede ser de ninguna manera aplicada unilateralmente, ni por decreto. (Prever los efectos del desarrollo significa comprometer a muchos sectores en un cambio de mentalidad en el que no prime el beneficio económico a corto plazo y que, además, se convierta en una nueva manera de vivir. Las instituciones, las empresas y los ciudadanos tienen que adoptar nuevos hábitos de comportamiento si queremos lograr resultados).

Señorías

La aplicación de una política de ordenación del territorio en Canarias resulta extremadamente complicada. En primer lugar, los canarios hemos garantizado la protección de gran parte de nuestra tierra. Tenemos el 42% del espacio terrestre protegido. Ese porcentaje duplica al de la siguiente comunidad -Cataluña, con un 21%- y es veinte veces superior a Comunidades como Galicia, Aragón y Baleares, que apenas tienen el 2%. En su conjunto, España tiene protegida una décima parte de su territorio, mientras que Canarias protege casi la mitad del suyo.

A lo anterior se une, entre otros, un marco normativo relativamente reciente y complejo, la falta de experiencia en gestión territorial de nuestras administraciones, la altísima fragmentación de la propiedad del suelo, etc.

Canarias ha desarrollado en los últimos años todo un marco legislativo en materia de ordenación del territorio de enorme valor y alcance social, a la vanguardia de Europa. El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias junto con la Ley de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, configura un sistema de planeamiento amplio, completo y variado.

El desarrollo de este marco legislativo se encuentra desde hace unos pocos años en plena efervescencia. Canarias necesita disponer, cuanto antes, de la totalidad de su territorio ordenado en sus distintos ámbitos, escalas y concepciones. Esto es, que se aprueben los planes generales de ordenación de los distintos municipios y los planes de los Espacios Naturales Protegidos de aquellos espacios más humanizados.

Las islas necesitan generar un marco de desarrollo y competitividad que no bloquee aquellas iniciativas coherentes con el modelo por el que se ha apostado y con las necesidades que la propia sociedad demanda. Un marco estable, en el que las reglas del juego para intervenir en el territorio estén definidas. Y, consiguientemente, que existan las garantías jurídicas y administrativas precisas para propiciar la atracción de iniciativas inversoras interesantes para esta Comunidad.

Este Gobierno le ha dedicado los mayores esfuerzos en recursos humanos y financieros, al objeto de que todos los ayuntamientos puedan disponer y adaptar su planeamiento municipal al nuevo marco normativo en el menor tiempo posible. Conscientes de que son ellos los que han de abordar el proceso, estoy convencido de que la gran mayoría de ayuntamientos dispondrá de su correspondiente Plan General antes de que finalice esta legislatura. Para ello, seguirán contando con todo el apoyo y empuje de este Gobierno.

La aprobación de las directrices sectoriales no debe suponer un retraso en la disponibilidad del planeamiento municipal. Lo fundamental está marcado por las dos leyes básicas. Por tanto, la aplicación obligatoria e imperativa que contengan las directrices sectoriales deberá estar circunscrita a aquellos aspectos de vital importancia para conseguir el modelo territorial definido por las dos leyes antes referidas.

Una vez definido el marco normativo, comienza la tarea más complicada: la gestión del territorio y del medio ambiente adaptada a estas normas.

Si no hay una adecuada capacidad de gestión del territorio por parte de los municipios, a través de los instrumentos de ordenación -especialmente de aquellos más ejecutivos, como el planeamiento municipal y parcial y la ejecución de los proyectos de urbanización-, no habrá servido para nada todo el amplio y prolijo proceso de planificación y ordenación puesto en marcha en Canarias.

(Aspectos que demandan de iniciativas propias en materia de gestión territorial, como pueden ser la reconversión de nuestros ámbitos turísticos obsoletos o las dificultades de obtención de suelo para llevar a cabo las iniciativas públicas vinculadas a desarrollar los planes de viviendas de protección oficial, educativos, sanitarios, de viario, etc., encuentran un panorama incierto no sólo por la escasa experiencia gestora existente, sino también por la insuficiente infraestructura de las administraciones locales para llevar a cabo tales políticas).

Por ello, es básico que los ayuntamientos se comprometan en una nueva cultura territorial, basada en los principios de cooperación interadministrativa, eficacia en la gestión y transparencia.

Además del apoyo que vienen recibiendo del Gobierno autonómico para disponer de sus planes generales, los municipios han de implantar procesos de calidad que mejoren los procedimientos administrativos ligados a la gestión del territorio. El Gobierno, por su parte, se compromete a impulsar iniciativas de formación de los recursos técnicos de las administraciones locales tanto en materia de ordenación como de gestión del territorio.

En el desarrollo de las Directrices ha sido muy importante la desclasificación de más de 60 millones de metros cuadrados de suelo turístico-residencial que no había sido desarrollado urbanísticamente, donde hubieran podido construirse más de 240.000 plazas turísticas. Esta medida ejemplifica claramente el sentido de las políticas desarrolladas por el Gobierno para modular un desarrollo sostenible.

Complementando esas Directrices de Ordenación General y del Turismo, en materia ambiental hemos iniciado la formulación de las Directrices Sectoriales de Residuos, y se cuenta ya con los avances de planeamiento de las Directrices del Paisaje; de Litoral; de Calidad Ambiental y de Recursos Forestales. Para el impulso de todo ello, aprobamos un presupuesto para 2005 de casi cinco millones de euros más que en 2004.

Hemos elaborado el reglamento del Foro Canario de Desarrollo Sostenible, el órgano de seguimiento y evaluación de la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible, de las Directrices de Ordenación General y de las directrices de ordenación sectoriales que se aprueben y que estamos poniendo en marcha. Y en materia de residuos, hemos invertido en infraestructuras básicas -dentro del Plan de Residuos- un importe superior a los 152 millones de euros.

Y, además, hemos realizado gestiones ante la Organización Marítima Internacional para la declaración de Canarias como área marina especialmente sensible, al objeto de poder controlar y regular el paso de buques con mercancías peligrosas en las aguas que rodean al Archipiélago. Ya se ha elaborado, actualmente en fase de alegaciones, el Plan de Contingentación por Contaminación Marina Accidental.

Señores y señoras diputadas,

Para abordar la política económica de este Gobierno es necesario primero hacer referencia al contexto en el que nos movemos.

A pesar de que la economía mundial creció de forma importante en 2004 gracias a los motores de China y EEUU, la Zona Euro continuó estancada. La economía española, sin embargo, sí pudo seguir creciendo a buen ritmo, -un 2,7%- básicamente por la fortaleza de la demanda interna y la creación sostenida de empleo.

En Canarias el crecimiento ha sido moderado. En buena medida, por la crisis del turismo extranjero que, no obstante, se ha visto compensada en parte por el buen comportamiento del turismo español. Hemos crecido, en cualquier caso, por encima de la media europea (las estimaciones canarias para 2004 se sitúan en tono al 2,1% o el 2,2% según las fuentes).

Este crecimiento económico superior a la media europea nos ha permitido seguir creando puestos de trabajo y combatir el paro con éxito en 2004. Efectivamente -y pese a la incorporación de 32.000 nuevas personas al mercado laboral- se han podido corregir desequilibrios de años anteriores. La tasa de paro ha pasado del 12,10% en 2003 al 10,51% en 2004, muy cerca de la media del Estado.

Además, el pasado año se redujo la tasa de paro de las mujeres más que la de los hombres y se creó más empleo femenino. De hecho, las tasas de empleo y de paro de las mujeres canarias son mejores -aproximadamente dos puntos- que la media española. Y Canarias, en 2004, ha vuelto a ser la Comunidad menos inflacionista de todo el Estado.

El objetivo del pleno empleo es, como no podía ser de otra manera, una prioridad para cualquier gobierno. En este sentido, hemos destinado más de 46 millones de euros a instituciones sin ánimo de lucro para la contratación de desempleados, (incidiendo más en los jóvenes, mujeres, parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes). Gracias a esta medida, se han podido contratar 8.000 personas.

Además, casi 800 discapacitados se han beneficiado de aproximadamente dos millones de euros, que se han destinado a subvencionar la contratación indefinida de los mismos, su constitución como trabajadores autónomos o su integración en Centros Especiales de Empleo. En 2005 se gastarán en políticas activas de empleo más de 225 millones de euros.

Se han puesto en marcha los planes PROMETEOs en todas las Islas, a través de convenios con los cabildos y con las dos capitales canarias. Estos planes (han contado con una financiación de 32 millones de euros y) tienen como objetivo la inserción laboral de desempleados, la emprendeduría, la orientación laboral y la formación.

(El pasado mayo se firmaron los acuerdos de concertación social de Canarias entre sindicatos, empresarios y Gobierno, manteniendo la ya larga tradición de acuerdo entre las partes sociales. Asimismo, también tuvo lugar la firma del II Plan de Siniestrabilidad Laboral para el periodo 2005-2008. En este sentido, destacar que en el 2004 ya se produjo una reducción del 16,4% de los accidentes laborales graves).

En materia presupuestaria, hemos mantenido una cultura del rigor, con una serie de medidas encaminadas, por un lado, a mejorar los mecanismos de control del gasto y, por otro, a agilizar la gestión reduciendo determinados plazos y procedimientos administrativos. Como consecuencia de ello, hemos terminado de sanear las cuentas autonómicas, liquidando la deuda que tenía la Comunidad Autónoma con sus proveedores (fundamentalmente en Sanidad, justicia y menores).

Paralelamente, en el año 2004, se ha abordado una reducción fiscal importante. En materia de IRPF, se pusieron en marcha deducciones con una clara finalidad de protección social: por traslado de residencia habitual, por nacimiento de hijos, por minusvalía, por gasto de guardería, para contribuyentes mayores de 65 años y para cantidades donadas a hijos para adquisición de vivienda habitual. Además, en el Impuesto sobre Sucesiones se mejoró el tratamiento fiscal para los casos de herederos minusválidos, sucesión hereditaria de vivienda habitual y sucesión hereditaria de empresas individuales si se mantiene la actividad durante los años siguientes.

La puesta en marcha del Plan de Racionalización de Empresas Públicas ha sido otro de los principales logros de lo que llevamos de legislatura. (Este Plan persigue dimensionar y modernizar el sector público canario, mediante una redefinición del papel a desempeñar por cada empresa pública).

Hemos elaborado y puesto en marcha un Plan de Reactivación de la Economía que comenzó a implementarse ya en el 2004 sobre tres ejes fundamentales: el incremento de la inversión pública -cuya ejecución en el 2004 ya fue un 12% más elevada que en el año 2003, y el importe consignado en el 2005 fue casi un 15% superior al de 2004-, el fomento empresarial y la internacionalización de la economía canaria.

En desarrollo del que hemos definido como uno de los cuatro ejes sobre los que se asentará el desarrollo futuro de Canarias, nuestro papel como plataforma tricontinental (los otros tres, me lo han oído muchas veces, son la apuesta por la diversidad de cada isla, el espacio único canario y la consagración de nuestra singularidad en la Unión Europea y en el bloque constitucional formado por el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española), destacan los esfuerzos realizados para promover la apertura de nuevos mercados. En este sentido, se han organizado con éxito durante 2004 un total de 14 misiones empresariales sectoriales en el exterior, en las que participaron más de 200 empresas canarias.

Por otro lado, se siguen ejecutando -al 50% con los cabildos- los planes sectoriales de las zonas comerciales abiertas para potenciar el comercio tradicional. Gracias a ellos se han llevado a cabo obras de rehabilitación en zonas urbanas y turísticas, beneficiando a más de 3.000 comercios canarios en 17 zonas distintas de nuestras islas. Asimismo, para apoyar también el comercio tradicional, se han reducido los días festivos en que podían abrir los comercios de 12 a 9. Y los horarios de apertura han pasado de 90 a 72 horas.

El crecimiento sostenido de la población por encima del de la economía conduce a una pérdida de convergencia respecto a los indicadores per cápita europeos. Por ello, además de otras medidas, se están redoblando los esfuerzos por mejorar la productividad y la competitividad de la economía canaria. A este objetivo va encaminada gran parte de la política de conectividad tanto interna -entre islas, eje transinsular- como con el exterior -Archipiélago Atlántico-. La mejora de las comunicaciones en frecuencias, rutas y precios, tanto por vía aérea, marítima, como en telecomunicaiones, persigue la mejora de la competitividad de todo nuestro tejido productivo. Para ello, es imprescindible que los puertos y aeropuertos se pongan al servicio de esta estrategia de captación de nuevos tráficos, con tarifas y costes competitivos. Para la competitividad del turismo, en estos momentos captar vuelos hacia Canarias es básico.

El otro instrumento para la mejora de la competitividad son los programas, por fin transferidos, a las Comunidades Autónomas en materia de formación continua. Estos programas se están orientando ya a mejorar la productividad y cualificación, especialmente, en aquellos sectores más expuestos a la competencia internacional como es el caso del turismo.

Finalmente, las Universidades y los numerosos centros de investigación canaria deben asumir la responsabilidad social, en el marco de su autonomía, de orientar sus líneas de investigación acorde con las necesidades que la sociedad canaria y su tejido productivo demandan. En esta línea se ha venido y se seguirá trabajando con las Universidades en programas concretos de I+D+I.

Y aunque haré referencia a lo que supondrá el reconocimiento de la ultraperiferia en la Constitución Europea más adelante, me gustaría decir ya que es, sin duda, uno de los principales hitos no sólo de esta legislatura sino de toda nuestra historia autonómica. En esta misma línea, destaca el acuerdo alcanzado con el Estado por el que se establece un sistema singular de participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los asuntos de la Unión Europea que nos afectan directamente.

Obviamente, Europa va a seguir siendo un objetivo prioritario en los años que quedan de legislatura, ya que estamos ante un periodo 'clave' para renegociar los sistemas de ayuda: el Régimen Economico-Fiscal de Canarias (REF), los fondos estructurales y el Régimen Especial de Abastecimiento (REA).

Por otro lado, Canarias -concretamente Gran Canaria- será la sede de la Casa de Africa en España. Y en Tenerife se articulará un centro de encuentro entre Europa y América, para abordar materias de cooperación al desarrollo, cooperación comercial y económica, inmigración y transportes, en la que se implique la Unión Europea.

(Hemos asistido a un buen número de reuniones y foros internacionales para hacer oír la voz de Canarias en el mundo: cursamos visitas al máximo nivel a países como Marruecos, Mauritania, Brasil, Cabo Verde y Senegal; estuvimos en Berlín, en el Congreso sobre Energías Renovables; en el Foro de Turismo de Venecia; en la Conferencia sobre Cooperación e Integración Centroamericana y en la reunión de los embajadores centroamericanos en Madrid. Asistimos a la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, en donde comenzamos a poner las bases para una iniciativa de desarrollo conjunto de los transportes, el turismo y la cultura).

Señoras y señores diputados,
Entrando en otro aspecto de nuestra economía -conscientes de la necesidad de conciliar las actividades agrarias y la protección medioambiental-, hemos iniciado en 2004 el procedimiento de elaboración de las directrices de ordenación del suelo agrario. (Hemos avanzado en el diagnóstico de la situación actual y la manera de afrontar la ordenación, la protección, la diferenciación y delimitación de la actividad agropecuaria.)

Dentro de nuestra agricultura de exportación, en lo que se refiere al plátano, recientemente la Comisión Europea ha anunciado que el arancel que se aplicará en el futuro régimen exclusivamente arancelario que debe entrar en vigor en el 2006 será de 230 euros por tonelada. Creemos que esta cifra es insuficiente, apoyándonos no sólo en las características de nuestro mercado y nuestra producción, sino en dos estudios realizados por la Viceconsejería de Agricultura y presentados a la Comisión Europea. Previsiblemente, esta cuestión continuará debatiéndose intensamente, tanto en el seno de la propia Unión Europea, como en la OCM.

En cuanto al tomate, estamos intentando que el nuevo Poseican tenga una ayuda más importante, que junto con el aumento de la aportación pública a los fletes de transporte, permita a esta producción mantener su competitividad frente a otras exportaciones de otros orígenes.

(El cultivo de flores y plantas ocupa el tercer lugar en importancia económica en el sector agrícola de Canarias -después del plátano y el tomate-, con 450 hectáreas de cultivo. Un paso decisivo en 2004 ha sido la firma de un seguro colectivo para el sector, que no contaba con él).

En lo que se refiere al POSEICAN de mercado interior y su desarrollo, hemos cumplido uno de los grandes compromisos de legislatura en esta materia: la ayuda a la producción canaria destinada a nuestro propio mercado casi se ha duplicado (de 5,5 millones de euros en 2002 a 10,5 en la campaña 2003,última cerrada). (Esperamos que en la campaña 2004 continúe su progresión, con el objetivo de que tanto nuestros mercados continúen abastecidos de nuestras producciones frescas como de fomentar la actividad de nuestros productores).

Gracias a la implantación de estas ayudas, se ha conseguido que el agricultor canario pueda competir en precios y calidad con los productos agrícolas de importación. (A consecuencia de ello, el agricultor, además, ha reorganizado y planificado su producción y mejorado los canales de comercialización, lo que ha comportado a su vez una mejora de las rentas de los productores y unas mejores cuotas de autoabastecimiento).

En esta línea de aumentar la competitividad de nuestra agricultura destinada al mercado interior, hemos elaborado la ley por la que se crea el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (y se encuentra actualmente en el Parlamento). El Instituto pretende ser la herramienta para promover y proteger la calidad de las producciones agroalimentarias.

(De otra parte, se han realizado mejoras en materia de regadíos a través del Convenio con el Ministerio, del convenio con los Cabildos Insulares y con las propias subvenciones concedidas, lo que ha permitido acometer actuaciones para la mejora de la eficiencia de los actuales regadíos, de la mejora de la calidad de los recursos hídricos disponibles y de utilización de nuevos recursos para el regadío).

(En condiciones igualmente satisfactorias se desarrolla el Sobre Ganadero. Después de dos años de aplicación, con un presupuesto global para 2002-2006 de 32 millones de euros, se ha constatado que 565 explotaciones se han adaptado a los criterios de calidad exigidos por el citado Sobre. (Y esto se ha traducido en un incremento de más de 25.000 cabezas de ganado caprino y más de 3.000 bovino en el año 2004).

Permítanme, señoras y señores diputados, que les hable ahora de nuestra principal fuente de ingresos y la que, seguramente, más está adaptándose al nuevo modelo de crecimiento que pretendemos para Canarias basado en un desarrollo sostenible.

Durante el pasado año se ha llevado a cabo un ambicioso plan de promoción. El éxito de esas campañas puestas en marcha, tanto en el mercado peninsular (lo que se tradujo en la llegada de 150.000 turistas más), como en los países nórdicos (45.000 visitantes procedentes de esos países después de tres meses de campaña), ha permitido paliar en parte la caída de los mercados tradicionales canarios, el turismo británico y el alemán.

En materia de promoción destaca también la creación de "PROMOTUR Turismo de Canarias, SA". Con esta nueva sociedad se obtendrá una mayor eficiencia en la promoción turística de Canarias y de cada isla, mediante la coordinación de acciones promocionales. Venderemos y potenciaremos la marca "Canarias" como un único destino, respetando los atractivos insulares y convirtiéndolos en un valor. Además, se ha puesto en marcha el primer Plan de Marketing de Canarias, consensuado con los cabildos, y que supone un cambio en la actividad promocional de Canarias.

Se han elaborado las primeras Cuentas Satélite del Turismo de Canarias, (en cumplimiento de la Directriz 29). Con ello, nuestra Comunidad Autónoma se convierte en la primera del Estado en cuantificar el impacto económico del Turismo. (De estas cuentas se deduce que el turismo ocupa al 37,3% de nuestra población activa (y representa el 32,6% del PIB). De hecho, el turismo ocupa en Canarias a casi 300.000 trabajadores, y es, con mucho, el principal generador de empleo en el Archipiélago). Estamos haciendo un especial esfuerzo en la preparación de nuestros trabajadores como elemento fundamental en la competitividad del sector. Hemos elaborado un Plan Formativo con el fin de mejorar la calidad de la oferta educativa en el sector turístico y su adecuación a las necesidades actuales.

La Consejería ha iniciado un proceso de simplificación y racionalización de la normativa turística vigente que adapte el marco normativo para mejorar la competitividad del sector.

Hemos firmado y puesto en marcha los convenios del Plan de Infraestructura y Calidad Turística con los diferentes cabildos por un importe superior a los 252 millones de euros. Las acciones que se están llevando a cabo tienen como finalidad la mejora de las infraestructuras turísticas en dos aspectos: el embellecimiento de los atractivos turísticos de las islas, incluyendo los recursos naturales, por un lado. Y, por otro, un adecuado desarrollo urbanístico de los distintos enclaves turísticos (y el acondicionamiento de los elementos que sustenten una diversificación de la oferta hacia el turismo rural, cultural, de salud, náutico, etcétera. Todo ello con el fin de asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico de las Islas).

Para dar cumplimiento a las directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y fomentar la renovación y sustitución de la planta alojativa inadecuada y la regeneración de la ciudad turística degradada, hemos puesto en marcha los trabajos de elaboración de los Programas de Renovación y Rehabilitación de Puerto del Carmen, San Agustín, Corralejo y Puerto de la Cruz, a los que seguirán Morro Jable y Los Cristianos.

También queremos destacar otras iniciativas desarrolladas para dar cumplimiento a las Directrices: la culminación de un censo de Establecimientos Alojativos y de Equipamientos Complementarios y la creación del Observatorio de Turismo de Canarias y la Agencia de Calidad Turística. (Además, se ha implantado el sistema informático del sector público turístico como elemento básico en la creación de un sistema de información para acometer la planificación, la ordenación y la regulación del sector).

En lo que queda de legislatura seguiremos trabajando en el desarrollo de las Directrices de Ordenación, en especial en el programa de actuaciones ejemplares de rehabilitación urbana que articulará las acciones para renovar o sustituir la planta alojativa inadecuada y la regeneración de la ciudad turística degradada.

Señorías,

Canarias fue el territorio español que más rotundamente refrendó la Constitución Europea el pasado 20 de febrero. También es verdad que ninguna otra comunidad española era contemplada expresamente. Seguramente, porque ningún otro territorio necesitaba tanto garantizar su derecho a ver reconocida su diferencia -nuestra ultraperiferia- como el nuestro.

(A pesar del número de canarios que no se acercó a las urnas para ejercer su derecho -menor, en cualquier caso, que en otras convocatorias europeas- es un logro importantísimo la cantidad de votos afirmativos que cosechó la consulta en nuestro Archipiélago).

En su día, nos costó entender qué era eso de Europa, que nos quedaba tan lejos. Nuestra relación con el viejo continente comenzó desde la desconfianza y el desconocimiento. Y, sólo gracias al esfuerzo de las sucesivas instituciones autonómicas, hemos ido subiendo los peldaños del respeto y la consideración mutua. Por fin, hoy hemos alcanzado el reconocimiento de nuestra ultraperiferia.

Nunca tres artículos de una norma no española tendrán tanta repercusión para los ciudadanos de Canarias como los recogidos en la Constitución Europea. Porque constituyen un marco jurídico de aplicación del derecho comunitario en Canarias, y porque podremos comprobar día a día sus consecuencias en aspectos tan cotidianos como la cesta de la compra.

No pretendo endosar el mérito de este logro al gobierno que presido. Aunque, desde luego, nadie podrá decir que no hemos trabajado, luchado y defendido aquí, en Madrid y en Bruselas nuestras especiales singularidades. Como el que más. Pero es justo reconocer también no sólo el camino iniciado por otros gobiernos, sino también el consenso que siempre hemos sabido alcanzar todos -gobierno, oposición y sectores sociales- en lo que se refiere a nuestra relación con Europa.

Debemos aspirar ahora a que la previsible reforma de la Constitución Española recoja el reconocimiento de la ultraperiferia de Canarias como un hecho diferencial, tanto o más determinante de nuestro desarrollo y de nuestra singularidad que la fragmentación. Es consecuente, lógico, necesario y hasta inevitable en el tiempo que nuestras normas constitucionales -europea, española y canaria - estén en línea y sean coherentes. No tendría mucho sentido que un reconocimiento en el más alto nivel fuera ignorado o pasado por alto en el ámbito español. No tendría ningún sentido que lo que ya tres cuartas partes de los españoles han refrendando en el último referéndum fuese ahora ignorado por la Constitución Española.

Señoras y señores diputados,

Dije en mi discurso de investidura que, si iba a ser presidente, sería un presidente nacionalista. Porque soy nacionalista por convicción. De un nacionalismo integrador con respecto al Estado. De un nacionalismo que entiende que las limitaciones geográficas, la distancia y la fragmentación territorial definen -no sólo una muy concreta forma de vivir- sino también nuestra propia forma de sentir, nuestra propia identidad. Y que entiende que, a pesar de sus limitaciones, esta tierra del Sur tiene derecho a las mismas oportunidades que disfrutan las que empiezan de Cádiz hacia el norte.

Nuestro autogobierno, el reconocimiento de nuestras singularidades, nuestra posición en Europa y en el entorno atlántico en el que estamos situados, ha dependido -y seguirá haciéndolo- de nuestro esfuerzo.

Hago este inciso para explicar por qué, en 2004, el Gobierno que presido entendió que había llegado el momento de proceder a una reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que nos proporcionará una norma de rango constitucional para encarar con garantías el siglo XXI. Y, en consecuencia, iniciamos el proceso de reforma estatutaria.

Es cierto que nuestro Estatuto no es una norma especialmente antigua. Sin embargo, cuando se elaboró, tomamos como referencia otros estatutos de otras comunidades. Aquello era nuevo para nosotros, y aunque conseguimos un gran texto, no es -a nuestro juicio- el mejor equipaje con el que emprender con plenas garantías nuestro camino futuro.

No fuimos los únicos en entenderlo así.

De hecho, cuando en mayo del pasado año iniciamos este proceso, lo hicimos en coincidencia con dos hechos muy propicios: el reconocimiento de la ultraperiferia en el entonces proyecto de Constitución Europea y la predisposición de los dos principales partidos estatales -el Partido Socialista y el Partido Popular- a iniciar las reformas de los estatutos de autonomía de los pueblos de España.

En casa, en Canarias, supimos estar a la altura. Y, como ocurre en las ocasiones históricas que lo han demandado, los cuatro grupos políticos con representación parlamentaria estuvimos de acuerdo en que era el momento de iniciar el proceso de reforma. Así que, de común acuerdo también, impulsé la creación del que conocemos como Comité de Expertos. Este grupo de especialistas elaboró un documento que es una sólida base para los trabajos de la ponencia parlamentaria. De hecho, a estas alturas, Canarias es - me resisto a utilizar como forma verbal el pasado- una de las comunidades que lleva su proceso de reforma más adelantado.

¿Qué estamos tratando de conseguir?

Canarias se encuentra ante la posibilidad de dotarse de una norma básica, absolutamente nuestra, absolutamente adaptada las necesidades del presente y del futuro, dentro del marco constitucional de España. Nuestro estatuto archipielágico. Un texto que articule los principios de ultraperiferia, de espacio único, de respeto a la diversidad de las islas y de centralidad atlántica, que son las cuatro bases sobre los que se asienta nuestro desarrollo, y sobre los que les he hablado en este discurso.

Un nuevo Estatuto que, más allá de las polémicas peninsulares sobre las denominaciones, nos defina como lo que somos, un archipiélago atlántico, que es algo más que un territorio, porque lo conforma también nuestro espacio marítimo interinsular, las aguas canarias sobre las que no mantenemos hasta ahora ni dominio ni control. Un Estatuto que nos otorgue más capacidad de actuación en los ámbitos que más afectan a nuestra condición insular y ultraperiférica: los puertos y aeropuertos, el transporte aéreo interinsular, el comercio exterior, extranjería y régimen económico y fiscal. En definitiva, un marco que nos permita encarar los nuevos retos políticos, sociales y económicos de Canarias en el siglo XXI. Porque no podemos responder a problemas muy diferentes a los continentales con marcos estatutarios parecidos a los peninsulares.

El PSOE ha abandonado la ponencia parlamentaria, rompiendo unilateralmente el consenso que habíamos logrado. Las discrepancias en torno a una reforma del sistema electoral que no forma parte del Estatuto han sido el detonante para esa ruptura. En este punto, me gustaría recordar tres cosas.

En primer lugar, que no estamos en contra de una reforma electoral. Lo estamos a que se inicie fuera de la ponencia parlamentaria de Reforma del Estatuto de Autonomía. Porque una cosa es contar con las opiniones de la calle y otra no contar en absoluto con las de esta Cámara. Se han invertido los términos. No se pueden pedir grandes mayorías reforzadas para leyes de este rango, al mismo tiempo que se abandona el foro donde se han de lograr, haciendo añicos en Canarias el talante del que quieren presumir en todo el mundo.

La segunda es que acordamos en el 2004 que ninguna formación plantearía proposiciones de ley propias en estos temas, que las diferencias se debatirían entre los líderes de los partidos y que trataríamos, por su importancia, de conseguir un texto lo más consensuado posible.

Y, en tercer lugar, me gustaría recordar que, en el inicio de nuestra autonomía -cuando empezaron a sentarse las bases de nuestra convivencia democrática-, fuimos capaces de alcanzar ese consenso. Hoy tenemos que ser capaces de demostrar la misma grandeza.

Señor presidente,
Señoras y señores diputados

A lo largo de esta tarde les he estado exponiendo lo que han sido las acciones más importantes realizadas por el Gobierno el pasado año, y algunas de las que haremos en lo que queda de legislatura. (No he extendido finalmente la mirada ni el análisis a la última década, un periodo en el que Canarias tanto ha avanzado. Y no lo he hecho porque ya son datos conocidos y porque debemos centrar más nuestro interés en los problemas del presente y en las necesidades del futuro que en el recuerdo autocomplaciente de los logros del pasado).

Trabajamos con un fin: conseguir una Canarias única, diversa y atlántica. Una tierra en la que cada isla se sienta propia y diferente y, a su vez, parte de un todo, de un único espacio en donde la movilidad sea un hecho y un hábito. Un pueblo con identidad propia y con conexiones con los tres continentes a los que se encuentra unido.

Creemos que ese objetivo se debe alcanzar siguiendo una filosofía que impregne todas y cada una de las acciones, no sólo del Gobierno, sino de la sociedad en su conjunto: la sostenibilidad. (Y partiendo y siguiendo ese principio, articulamos políticas que van dirigidas a las personas y políticas que van dirigidas al territorio).

Y concluyo, señorías, con una referencia al cambio político ocurrido en el último año en Madrid y al clima que produjo en nuestro Archipiélago.

De hecho, se creó en Canarias una situación expectante que no llegó a afectar al Gobierno por mucha predicción, quiniela o cantos de sirena que flotaran en el ambiente. Hubo, efectivamente, que comenzar a reconstruir el diálogo y la coparticipación con la nueva mayoría de gobierno en España y con todos y cada uno de los ministerios, recreando lazos de confianza y colaboración.

Pero nuestro Gobierno no se ha echado al monte, ni ha optado por una estrategia de confrontación, como algunos esperaban, ni ha bajado un punto sus reivindicaciones. Hemos mantenido una lealtad institucional impecable (ahí está el resultado del referéndum europeo para demostrarlo) y esperamos que se nos devuelva la misma moneda.

Porque no nos vale que seamos los españoles que más hemos apostado por la Constitución Europea -un auténtico proyecto de Estado - y que ahora, por el contrario, se nos diga que en el bloque constitucional español (la Constitución Española y nuestro Estatuto) no cabe el mismo reconocimiento a nuestra condición ultraperiférica, tachándolo de "filosoberanista". Una acusación hecha apenas días después de que ese reconocimiento fuera respaldado por el 77% de los españoles en las urnas.

Ha habido interpretaciones varias sobre los últimos acontecimientos políticos referidos a Canarias, aquí y en Madrid. Bien se consideren como una maniobra de distracción, bien como una provocación o, simplemente, como un freno a los procesos puestos en marcha, lo cierto es que ni nos van a poner nerviosos, ni nos van a abocar a la parálisis, ni van a quebrar el espíritu de diálogo y de suma de esfuerzos a los que esta Presidencia se comprometió desde el principio.

Llámese azar geográfico, llámese suerte histórica, lo cierto es que el destino nos hizo archipielágicos y ultraperiféricos. Durante siglos sufrimos esa condición. Hoy estamos llamados a aprovechar esa oportunidad.

"Yo no creo que el destino caerá sobre nosotros hagamos lo que hagamos -dijo hace tiempo Churchil -. Creo en un destino que caerá sobre nosotros si no hacemos nada".

Se nos abren en este tiempo muchas oportunidades históricas. El pueblo canario admitirá y aún agradecerá que sus partidos políticos contrapesen sus posiciones. Lo que no perdonaría nunca es que las lastren hasta la parálisis.
Por ello, confío en que el sentido común se imponga y empuje a la voluntad, a las voluntades de todos, por el camino de los grandes acuerdos.

Muchas gracias

Volver al índice de documentos