Santa Cruz de Tenerife, EFE Durante el pasado año se iniciaron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife un total 107.963 procedimientos penales, cantidad que supone un 4,34 por ciento más que los registrados durante 2006.
Este dato fue ofrecido por la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, durante el acto de apertura del año judicial 2008-2009 y en el que advirtió de la tendencia alcista que se está produciendo en la comisión de hechos delictivos.
Almendral indicó que el mayor número de procedimientos judiciales incoados durante 2007 se produjeron en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, donde existen 5 juzgados de instrucción.
En total se incoaron 24.265 diligencias previas, que representan un 25,33 por ciento del total de las diligencias incoadas en la provincia.
La fiscal indicó que el segundo partido judicial en cuanto al número de asuntos penales es el de Arona , en el que se realizaron en 2007 23.268 diligencias y en tercer lugar se sitúa el partido de La Laguna, con 17.951 diligencias.
Almendral afirmó que los 49 fiscales que integran este órgano en la provincia son insuficientes para hacer frente a las cada vez más numerosas actividades que la Fiscalía tiene encomendada.
Respecto a la naturaleza de los delitos, explicó que los más numerosos son los cometidos contra el patrimonio, que representan el 45,21 por ciento, seguidos de delitos y faltas de lesiones pero advirtió del aumento de delitos relacionados con la violencia juvenil, el maltrato a menores, el maltrato familiar y las conductas violentas dentro de la familia.
Al respecto se refirió al aumento de los procedimientos penales por delitos de violencia de género y concretó que se ha pasado de 2.168 diligencias incoadas a lo largo de 2006 a 2.518 en 2007 , a las que hay que sumar las 1.050 diligencias urgentes incoadas por hechos de esta naturaleza.
Almendral señaló que en la sección de violencia contra la mujer se trabaja activamente en la persecución y castigo de conductas de este tipo.
La fiscal resaltó la eficacia de los juicios rápidos que están permitiendo, afirmó, que la Administración de Justicia de a la sociedad una respuesta inmediata a determinadas actitudes delictivas.
Sobre la inmigración, la fiscal jefe recordó la creación en 2006 de una fiscal delegado de Extranjería y señaló que la llegada de inmigrantes irregulares ha afectado a otras actividades específicas de la Fiscalía y que se concretan en la sección de menores.
Señaló que en la actualidad hay 800 menores inmigrantes que han llegado a bordo de cayucos y que se encuentran ingresados en los diversos centros, lo que ha supuesto un considerable incremento en el número de expedientes gubernativos que se tramitan en la Fiscalía encaminados a determinar la edad de aquellos sobre los que existen dudas.
El incremento de la llegada de menores inmigrantes, agregó la fiscal, también ha supuesto un mayor esfuerzo en el control y protección de los derechos de los mismos.
También se refirió a la situación penitenciaria y a la masificación que se sigue produciendo en los centros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Recordó que a fecha del enero de 2008, en la prisión de Tenerife II había un total de 1.515 internos, cantidad que consideró excesiva y desmedida para el espacio físico del que dispone el centro, creado para 720 internos.
Esta masificación, agregó Almendral, hace que la situación en el centro sea delicada y ha conducido a que la dirección del centro, ante la falta de espacio, suprima el módulo destinado a los internos con más problemas.
También se refirió a la actividad de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción y al respecto señaló que la sociedad demanda cada vez con mayor insistencia la intervención del Fiscal y de los órganos judiciales.
Recordó que desde hace tres años hay una Fiscal Delegada de la Fiscalía Anticorrupción cuya actividad también tiene que ver con la criminalidad organizada.
Se refirió a la actividad de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, a la actividad del fiscal delegado de la Fiscalía Especial para la Prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y a la constitución de las secciones de siniestralidad laboral y seguridad vial.
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