EFE, Buenos Aires
Un juez argentino ordenará que se someta a pericias contables la documentación secuestrada en las sedes de las diez Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) que operan en el país, investigadas por presunta defraudación a la administración pública, informaron ayer fuentes judiciales.
Peritos de la Corte Suprema de Justicia analizarán la documentación obtenida en los registros, que culminaron el miércoles por la noche y fueron ordenados por el magistrado Claudio Bonadío a partir de una denuncia del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Guillermo Marijuan.
El fiscal acusó a las AFJP, controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, de liquidar súbitamente sus tenencias en bonos públicos y acciones ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por una reforma que el Gobierno argentino propuso oficialmente el martes.
Fuentes judiciales indicaron que en los allanamientos de la víspera fue secuestrada "importante documentación" y señalaron que Bonadío analiza la posibilidad de citar a prestar declaración indagatoria a los presuntos responsables de los delitos denunciados por Marijuan. Además, señalaron que el juez requerirá a la Superintendencia de AFJP que informe sobre las declaraciones juradas presentadas en los últimos diez días por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensión.
Las tres mayores AFJP de Argentina son Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA), que acaparan el 47% de los 9,5 millones de afiliados a la jubilación privada.
Por su parte, el Gobierno argentino salió ayer a calmar los ánimos por el derrumbe bursátil que desató su proyecto de traspasar al Estado los fondos de jubilación privada mientras suma aliados en el Parlamento y siguen las quejas por esta reforma.
Al parecer, el proyecto gubernamental avanzará sin grandes tropiezos en el Congreso porque el oficialismo ha reunido ya el apoyo de unos 30 legisladores de la oposición con vistas al debate que empezará el día 28 en comisiones de la Cámara de Diputados.
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