N.D., S/C de Tenerife
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha empezado este año con varios conflictos sobre la mesa a los que deberá dar solución si quiere evitar que los trabajadores trasladen su malestar desde los hospitales públicos y centros de salud a las calles del Archipiélago.
Así se lo han hecho saber en las primeras semanas de enero, las organizaciones sindicales UGT, Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato Médico Canario (SMC), centrales a las que, por supuesto, no les es ajeno que éste es año electoral. Los dos primeros han decidido unir fuerzas para defender los intereses del personal no sanitario de los hospitales de las Islas, mientras que el tercero se ha centrado en proteger los derechos de los facultativos que prestan sus servicios en los centros de Atención Primaria.
Dos conflictos diferentes con una base común: mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en los centros sanitarios de las Islas, lo que, según argumentan, incidirá a su vez en el incremento de la calidad asistencial que reciben los usuarios del sistema público sanitario.
De esta forma UGT e IC exigen el cumplimiento de los compromisos que la Administración asumió en mayo de 2005 para poner fin a un conflicto que afectó a los cerca de 10.000 empleados de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS) y que, además de paros, manifestaciones y concentraciones de protesta, incluyó la convocatoria de una huelga de hambre que fue seguida por una decena de trabajadores durante diez días.
Un año y medio después, sindicatos y trabajadores consideran que no se ha cumplido el cien por cien de los acuerdos y exigen a Sanidad que, antes del 15 de enero, inicie una serie de reuniones para negociar la consolidación de los incentivos que cobran los trabajadores, exigencia que en 2005 se dejó de lado para poder poner fin a un duro y largo conflicto.
De igual manera la Asamblea 7 Islas, creada en 2005 para defender los intereses de los grupos C, D y E al margen de las organizaciones sindicales, lleva amenazando a Sanidad con nuevas movilizaciones desde el pasado mes de noviembre. Sus representantes también quieren que se cumplan los acuerdos alcanzados, aunque suman a sus críticas la celebración este año de una Oferta Pública de Empleo que, según aseguró su portavoz en Tenerife, Dora Pérez, pone en peligro sus puestos de trabajo después de 15 años de experiencia.
Médicos de Primaria
Asimismo, la Consejería de Sanidad, cuyos responsables han preferido no manifestarse sobre los bretes que mantiene abiertos para no afectar al proceso negociador, deberá también buscar una solución que aplaque los ánimos "guerreros" de los médicos de los centros de Atención Primaria del Archipiélago. Estos profesionales llevan años demandando de la Administración el tiempo suficiente para poder dedicar diez minutos a cada uno de sus pacientes, algo que no pueden hacer por tener que dar respuesta a unas agendas saturadas.
Ahora piden además mejoras que les permitan desarrollar su labor en unas condiciones dignas. Quieren un nuevo modelo retributivo, la reducción de la presión asistencial, apoyo administrativo fuera de las consultas y la aplicación del protocolo contra las agresiones al personal sanitario. También quieren no trabajar los sábados en las zonas básicas de salud, horario reducido en verano, que la jornada laboral concluya a las cinco de la tarde, un aumento del número de efectivos de los servicios de urgencias, la sustitución de todas las bajas, la concentración de los Recursos Humanos, así como mejoras retributivas para pediatras y médicos internos residentes (MIR). Por todo ello, el pasado 30 de mayo protagonizaron en todo el Archipiélago un paro de 24 horas que, aunque la Administración aseguró que fue seguido por el 22 por ciento de los médicos, el Sindicato Médico consideró todo un éxito.
Un día después comenzaron las negociaciones, que, por parte de la Consejería de Sanidad, han liderado la directora del Servicio Canario de la Salud, Juana María Reyes, y la directora general de Recursos Humanos, Carmen Aguirre. Transcurrido un mes y medio y a pesar del talante negociador que ha presidido todos los encuentros, ambas partes no han podido llegar a un punto de encuentro.
Así, al concluir la última de las sesiones de trabajo, los representantes de los médicos de Primaria acusaron a la Administración de "tomarles el pelo" y de querer dilatar esta "calma tensa" hasta después de las elecciones de mayo. Algo que, aseguraron, no van a permitir y que los llevó a plantear a Sanidad un plazo máximo para mover una ficha que sea suficientemente convincente y concreta y que concluye esta semana, justo cuando también acaba la "tregua" planteada por IC y UGT.
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