EDITORIAL

EL CONGRESO de los Diputados debatirá el 6 de febrero la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, según acuerdo adoptado esta semana por la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

La toma en consideración es el primer trámite parlamentario del proyecto de ley de reforma del Estatuto canario, que fue registrado en el Congreso el pasado 14 de septiembre por el presidente del Parlamento autonómico, Gabriel Mato. La propuesta había sido aprobada el día anterior por el Legislativo autonómico, con el voto en contra del PP y el apoyo de CC, del PSOE y del Grupo Mixto.

No vamos a entrar en el juego político de los plazos, ni juzgaremos si es, como dice Paulino Rivero, diputado nacional y presidente de Coalición Canaria, "un paripé para dar respuesta a los problemas de Cataluña". Tampoco valoraremos la totalidad de sus artículos, que contienen, como bien saben los lectores, razonables mejoras para Canarias, como la petición de más autogobierno o la posibilidad de tener competencias sobre las aguas marítimas. Ni mucho menos entraremos en la guerra entre socialistas y nacionalistas, ya que CC ha acusado al PSOE de querer retrasar la tramitación con el fin de poder recortar, tras las elecciones, el contenido del texto que salió de Canarias sin sufrir en las urnas el coste político que eso supondría.

Bien saben los lectores que nuestra intención es otra y, por cierto, mucho más lógica, cabal y sana: que nuestra Carta Magna comience sobre pilares de verdad, de legitimidad, de orden, de equilibrio y de justicia. Las catedrales, los antiguos castillos, los rascacielos, cualquier lógica construcción se levanta sobre unos cimientos reales, sólidos, porque de lo contrario se iría al suelo. Sin embargo, el Estatuto de Autonomía de Canarias sitúa en uno de sus primeros artículos tres columnas falsas.

Lo hemos reiterado innumerables veces, pero alguien tiene que denunciar el desafuero antes de que se haga ley definitivamente en las Cortes. Se trata de la relación de islas que componen la Comunidad Autónoma, reflejada en el texto por orden alfabético, de manera que a la mayor y a la más importante, Tenerife, se la cita, de forma absurda, en último lugar; el epíteto "gran" para la isla de Canaria, un añadido relativamente reciente que no se corresponde con la historia y que crea confusión sobre la identidad de Canarias en el exterior; y, en tercer lugar, el escudo oficial de la Comunidad, que hace poco se ha modificado para igualar el tamaño de las siete islas, eliminando la representación tradicional de Tenerife en la base, a mayor escala y con el pico del Teide bien ostensible.

TENERIFE TIENE MIEDO. Miedo a que Las Palmas se erija en la capital única de Canarias, miedo a que ningún político con capacidad de mando se atreva a detener otra acometida contra la esencia de Tenerife, otra estocada en el corazón de los tinerfeños, y Santa Cruz pierda su condición de cocapital, a pesar de que le corresponde no la "co", sino la capitalidad completa y única de Canarias que le fue arrebatada en 1927..

Nos pueden tachar de exagerados, pero el que avisa no es traidor. Como ya dijimos en el Comentario del miércoles pasado, "... recordamos que fue precisamente bajo la dictadura del general Primo de Rivera, en 1927, cuando se cometió el mayor acto de corrupción que se ha llevado a cabo en Canarias, instigado por los políticos canariones: la absurda división provincial del Archipiélago siendo Santa Cruz de Tenerife capital de la provincia única de Canarias. La democracia actual, si no quiere pasar por corrupta, tiene la oportunidad de enmendar ese grave error y devolver a sus legítimos propietarios lo que les corresponde, la capitalidad única, que, repetimos, le fue arrebatada por una dictadura sin parlamento".

En este sentido, animamos a los políticos nacionales, y en particular a los regionales de CC, PP y PSOE, a trabajar para que el Gobierno de la Nación devuelva a Tenerife lo que le pertenece. ¿Lo harán?

EL ESTATUTO de Autonomía debe nacer con luz, esplendoroso, jamás mentiroso. Sobre una base noble y fuerte se podrá construir un bello edificio en el que deslumbrarán asuntos tan importantes como la delimitación de las aguas canarias, los informes vinculantes del REF, la gestión de competencias estatales que se reclama para la Comunidad Autónoma o la obligación de que el Estado module sus políticas para Canarias por su condición de región ultraperiférica. Si fuera como apuntamos, todo perfecto.