¿Cuándo piensa paralizar las obras de Las Teresitas, señor Alcalde?

Las verdades admiten comentarios, pero no negaciones. Hay que saber mantener la dignidad. En estos momentos el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y destacados miembros de su gobierno municipal, aparecen querellados e imputados por delitos muy graves presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La querella contra el alcalde no parte de sus adversarios políticos. La articula y lleva a efecto nada menos que la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez. Días antes, y por distintos motivos, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, implicaba también al alcalde en determinadas irregularidades urbanísticas que podrían ser delictivas. Esto es lo que hay. Y es así, se mire por donde se mire.

La admisión a trámite de la querella por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, coloca y sitúa "bajo sospecha", con todas las presunciones de inocencia que se quieran y nadie niega, no solo al alcalde Zerolo y miembros de su gobierno municipal, sino igualmente a destacados funcionarios ligados a la Gerencia de Urbanismo igualmente imputados y que, no lo olvidemos, se encuentran vinculados con la aprobación y ejecución de obras y proyectos de todo tipo en el municipio.

La querella se centra, como todo el mundo sabe, en la burda y nauseabunda trama de Las Teresitas. Pero quiero dejar ya el tema de la playa, que tanto me ha indignado desde que lo conocí, estrictamente en manos de la Justicia que determinará en su día, si las hubiere, las posibles responsabilidades penales de los responsables.

Mientras tanto, y como ha solicitado públicamente "Ciudadanos de Santa Cruz", el alcalde debería dimitir de su cargo. Moral, ética y políticamente sería lo procedente hasta el total esclarecimiento de los hechos que se le imputan en la querella de la Fiscalía. No conozco en la actualidad a ningún alcalde de capital de provincia que ejerza como tal sus funciones encontrándose imputado en un procedimiento penal.

Si decidiese continuar como alcalde es obvio, sensato y responsable, que debe proceder a paralizar con carácter inmediato las obras previstas e iniciadas en el frente de Playa de Las Teresitas. Sobran razones jurídicas y políticas muy considerables para ello, y así lo van a solicitar los concejales que representamos a "Ciudadanos de Santa Cruz " en la próxima sesión plenaria del ayuntamiento.

Las razones jurídicas son inequívocas e irrefutables. Con toda probabilidad la Sala de lo Contencioso-Administrativo declarará en breve, y en un procedimiento que pende ante la misma, la nulidad del convenio de 18 de septiembre del 2001 por el que el ayuntamiento adquirió las parcelas correspondientes de la Playa de Las Teresitas. En este asunto las barbaridades jurídicas han sido tales como "la aprobación del Proyecto de Urbanización en cuatro días, si quitamos sábado y domingo, y a través de un decreto del alcalde de fecha 14 de agosto de 2000, cuando dicha aprobación siempre corresponde al Pleno de la Corporación.

¿Y qué decir de un Proyecto de remodelación de la Playa, el de Dominique Perrault, que es ilegal por no contar aún con el deslinde marítimo-terrestre, vulnerando con ello la Ley de Costas de 1988, en la que se determina que, antes de acometer cualquier obra marítima, se debe contar con el deslinde en el que se indique qué áreas están afectadas por los trabajos y qué ámbitos estarían dentro de la zona pública? La respuesta es obvia.

Las razones políticas para la paralización de las obras del frente de Playa de Las Teresitas las deducirá fácilmente el lector de la lectura de estas líneas.

Finalmente sólo me resta significarle al alcalde, si una vez más hiciera oídos sordos a esta demanda de sensatez y coherencia, que serán de su exclusiva y personal responsabilidad, así como la de su equipo de gobierno, los daños y perjuicios de todo tipo que se causen como consecuencia de la continuidad de las obras, si se produjera una resolución judicial adversa. No puede volver a ocurrir lo sucedido con la expropiación del Parlamento de Canarias.

Los ciudadanos de Santa Cruz no estamos dispuestos a pagar de nuestros bolsillos las negligencias o imprudencias que, pudiendo ser evitadas, se lleven a cabo con la más absoluta irresponsabilidad.